Hasta mediados del siglo XIX coexistían en nuestro litoral dos redes diferenciadas de señales marítimas. Por una parte, prestaban servicio unos 20 faros que cumplían formalmente los estándares de dicha denominación: una torre coronada con una cámara de iluminación y una atención adecuada para su funcionamiento continuo a lo largo del año; es el caso, entre otros, de los faros de Cádiz, Porto Pi, Santander, Torre de Hércules, Barcelona o Vigo. Por otro lado, también se contaba con un buen número de atalayas, hitos o referencias que cumplían la misión de referencia marítima, pero que únicamente disponían de unas estructuras básicas (braseros), un funcionamiento temporal (hogueras encendidas en determinadas costeras de pescado), luces encendidas en torres de iglesias o monasterios o, simplemente, hitos o referencias ciegas.

El personal encargado del funcionamiento de esta segunda red tampoco era muy homogéneo: desde personas contratadas por corporaciones locales o comerciantes interesados, pescadores de las diferentes cofradías o sociedades de mareantes, militares o carabineros que prestaban servicio en diferentes atalayas o fortificaciones costeras… En todos los casos, personas con unas capacidades y medios dispares y, generalmente, escasos y con pocos medios.

El investigador Miguel Ángel Sánchez Terry en su libro «Los Faros españoles: historia y evolución» documenta que en el siglo XIV se realizaban pagos para que Berenguer de Isern se ocupase del encendido del faro de Porto Pi durante los meses de setiembre a abril, cobrando por ello alrededor de siete libras anuales que comprendían tanto su salario como los gastos de aceite, candelas y mechas de algodón necesarios para el funcionamiento de la luz. Otra reseña del mismo autor se refiere a la Torre de Hércules cuando en el año 1558 “desempeñaba el cargo de atalaya y guarda (…) un sastre llamado Juan Franco, vecino de la Coruña, por el salario de un real diario, según aparece en el Libro de Cuentas de la rendida el 18 de enero de 1559”.

El litoral mediterráneo y las islas Baleares contaron durante la Edad Moderna con una amplia red de torres o atalayas con el propósito de disponer de una cobertura militar para defenderse de la piratería procedente del norte de África; también cumplían la misión de hitos o referencias para la navegación marítima. Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, dio un impulso a estas defensas costeras organizando unas milicias en 1764 y sirviéndose del Reglamento que Su Majestad ha mandado observar a las diferentes Clases destinadas al real servicio de la Costa de Granada. En el mismo se establecía la construcción y reparación de un conjunto de torres y la formación de diferentes Cuerpos o milicias destinados al servicio de la costa, entre otros el Cuerpo de Torreros. Su servicio, en las torres de señales, disponía de una dotación de un cabo y dos torreros a los que exigía como condiciones de ingreso robustez, agilidad, buena vista, buenas costumbres y que estuviesen comprendidos entre las edades de 20 y 40 años y había de procurarse que, al menos uno de ellos en cada Torre, supiese leer y escribir. Los torreros debían residir en las Torres y solo uno podía salir para ir a la población más inmediata por subsistencias, utilizando el tiempo preciso para el caso; esta ausencia no debía ser diaria ni durante el periodo nocturno.

En el siglo XIX el Cuerpo de Carabineros del Reino se hizo cargo del servicio de Torres Vigías creándose, por Real Orden de 4 de octubre de 1850, el Cuerpo de Torreros de Costa (Gaceta de Madrid de 11-10-1850) con una organización y funcionamiento de carácter militar y sus componentes sujetos a la ordenanza del Cuerpo de Carabineros, denominándose a sus componentes como carabineros-torreros. Para optar a estas plazas era indispensable que los solicitantes hubieran servido anteriormente como carabineros y cumplido el tiempo de desempeño con buenas notas. El personal debía utilizar uniforme y disponer de armamento.